Lunes, 30 de Septiembre de 2013 Santiago Niño Becerra

(Notas: a) Los datos para los cálculos que vienen a continuación los tomé de un gráfico publicado en El País del 27.09.2013 en su Pág. 24. b) Recuerdo que yo no soy un empleado público: la URL es un centro totalmente privado. c) Alguien me preguntó hace un tiempo por qué no utilizaba el término ‘funcionario’, repito lo que le dije: porque el de ‘empleado público’ es más amplio).

Partiendo de la base de que, sobre población activa, España tiene una de las tasas de empleados públicos más bajas de Europa, España: 15,0%, Italia: 16,0%, The UK: 18,8%, Francia, 23,0%, Suecia: 31,7%, datos que, por cierto, el Gobierno nunca comenta, el deterioro de las condiciones laborales que este colectivo lleva años experimentando pienso que tan sólo puede ser explicado a través de los dos siguientes razonamientos:

1 – La situación económica de España en general y de las AAPP en particular es mucho peor de lo que se pregona, no sólo la del momento actual sino en relación a las expectativas de su evolución, y ello independientemente de los ‘destellos’ y de las ‘flores de invernadero’ que periódicamente se mencionan.

En ese contento, los empleados públicos, al ser un colectivo cautivo cuyo contratador y pagador es único y el mismo, sería uno de los más utilizados a la hora de recostar -ahorrar- recursos para dedicarlos a otro fin o para absorber la inexistencia de tales recursos, ya que la única alternativa de sus componentes es el abandono de la Administración.

Esta estrategia se complementaría con un ataque light a la función pública por el lado de su rendimiento y dedicación a fin de crear una imagen negativa en la opinión pública -‘son muchos’, ‘hacen poco’- que no vería con malos ojos el deterioro de sus condiciones amparado por la propiedad de su puesto de trabajo (lo que tan sólo es cierto en relación a los funcionarios).

2 – Existe un plan medido, detallado, para el desmontaje de las AAPP o para su reducción a la mínima expresión que pasaría por la no sustitución o la cuasi no sustitución de jubilaciones y bajas por incapacidad laboral transitoria para, posteriormente, eliminar la duración indefinida de los contratos en la función pública, es decir, para el despido de funcionarios.

Tal estrategia, de existir, estaría vinculada, a corto plazo, con la insuficiencia de recaudación para atender el pago de los intereses de la deuda, el pago de deudas ya comprometidas e ineludibles (armamento), y, a largo, con la intención de dejar de prestar servicios y atenciones hoy prestadas por las AAPP. Estado, regiones y entes locales llevarían una senda parecida y coincidente en el tiempo.

Lenta, pero inexorablemente, sobre la función pública se lleva extendiendo un halo de demonización. Primero fueron aquellos pringados que se metían a funcionarios cuando se podía ganar 35.000 euros en una semana comprando un piso un Lunes y vendiéndolo un Viernes; después esos suertudos a los que no se podía echar; luego unos egoístas insolidarios que protestaban porque se les bajaba el salario un simple 5%; masdepués unos innecesarios como demostraba el hecho de que a pesar de reducirse su número en cientos de miles las cosas seguían yendo; ahora el colectivo que puede ser malpagado y removido sin que digan ni pío porque no tienen nada que decir; mañana pueden muy bien convertirse en el conjunto eliminable, subcontratable, minijobsable, autonomizable y autoempleable, eso sí: a cada miembro del colectivo bien podría regalársele un ejemplar de la Ley de Emprendedores.

La ventaja que tiene la Historia es la de que no puede cambiarse y la de la realidad que es la que es. Atentos a lo que viene ahora. Tomando como índice 100 el valor del IPC en España en 1981 y tomando como índice 100 el valor de la remuneración de los empleados públicos españoles en dicho año, (redoble de tambores) en el 2014 el IPC alcanzará un índice de 429,61 y la remuneración de los empleados públicos de 277,90. Es decir, en 33 años los empleados públicos habrán perdido más de 151 puntos de poder adquisitivo. ¿Qué miembro de un Gobierno habido en estos 33 años independientemente de su color había hecho mención de tal hecho? ¿Qué partido político en alguna de las campañas electorales habidas en esos años se ha referido al tema?. Pero es que la cosa es más gorda.

Desglosando la serie por períodos de Gobierno, entre 1982 y 1996 (PSOE) el IPC pasó de 100 a 260 mientras que las remuneraciones de los empleados públicos pasaron de 100 a 206.

Entre 1996 y el 2004 (PP) el IPC fue de 100 a 125 mientras que los salarios de los empleados públicos fueron de 100 a 116.

Entre el 2004 y el 2011 (PSOE) mientras que el IPC avanzó desde 100 a 123, la remuneración de los trabajadores de la AAPP se movió desde 100 a 111.

Y entre el 2012 y en cómo se prevé que cerrará el 2013 y lo que será el 2014 (PP), el IPC pasará de 100 a 103 mientras lo que cobran los empleados públicos pasará de 100 a 100, es decir, se quedará igual.

A los empleados públicos les da igual quien gobierne: siempre han perdido poder adquisitivo haciendo balance global o parcial en las tres últimas décadas; insisto: gobierne quien gobierne. También les ha dado igual que España haya ido bien, más que bien, o que la economía española haya jugado en la Champions Leage de las economías mundiales: también entonces han perdido poder adquisitivo. Y nunca jamás esto ha sido puesto encima de la mesa por ningún político. Eso pasaba cuando España iba viento en popa, imaginen qué les puede suceder ahora a los empleados públicos, ahora: cuando estamos en medio de un huracán.

El señor del fondo (llevaba tiempo callado) pregunta cuál de las dos posibilidades anteriores veo más viable. Pienso que es una combinación de las dos: las expectativas de la economía española son mucho peores de lo que se dice por lo que existe un plan para disminuir drásticamente el gasto de las AAPP.

Continuamos para bingo.

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