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Más vale un mal acuerdo, que un buen juicio

Carlos Montero - Miercoles, 07 de Octubre

Desde las elecciones catalanas las noticias sobre una posible escisión de Cataluña del resto de España han pasado a un segundo plano. La calma antes de la tempestad quizás. Una vez que se forme el gobierno de la Generalitat, con un perfil probablemente independentista, la hoja de ruta de estas opciones políticas seguirá su curso, y la incertidumbre volverá a los mercados.

Como hemos señalado en otras ocasiones, somos más partidarios de centrarnos en la visión internacional de este conflicto. Este enfoque carece del subjetivismo de cualquiera de las partes enfrentadas, y lo que es más importante para los mercados, que es lo que nos ocupa en estas páginas, la visión que tengan los gestores internacionales tendrá un efecto muy importante sobre la situación económica y financiera española.

Seema Mody publicó recientemente en la CNBC un artículo comparativo entre la situación actual en Cataluña y la del año pasado en Escocia. Destacaré lo más importante de ese análisis:

Las elecciones del 27 de septiembre parecen haber detenido el movimiento independentista de forma temporal. El voto popular fue de sólo el 48%, y el gobierno nacional se opone firmemente a la separación de este territorio. Los rendimientos de los bonos del sur de Europa alcanzaron mínimos de cinco meses el pasado lunes, muestra de que los inversores han tomado las recientes elecciones en Portugal y España como señales de creciente estabilidad regional.

Aun así, el sentimiento independentista sigue siendo fuerte en Cataluña. En una nota de investigación realizada después de la votación, JP Morgan predijo que “el conflicto entre Cataluña y el gobierno central no perderá intensidad. En nuestra opinión (JP Morgan), es necesario replantear el papel de Cataluña dentro del estado nacional para suavizar el creciente radicalismo pro-secesión y restaurar un enfoque más constructivo”.

En 2013 el producto regional de Cataluña fue de 203.620 millones de euros, de acuerdo con el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, alrededor del 20% del PIB español de 2013. Escocia por su parte representaba menos del 8% del total del PIB de 2013 del Reino Unido, según la CE, con una población de poco más del 8% de la población.

Cataluña, a pesar de que sólo representa alrededor del 16% de la población española representa alrededor del 25% de todas las exportaciones españolas y el 23% de toda la industria. La economía en Cataluña está relativamente diversificada.

El efecto de una salida de Cataluña en España varía en gran medida dependiendo de la cantidad de deuda que se lleve con ella, afirma Xavier Sala-i-Martin, asesor del World Economic Forum’s Center. Si Madrid tuviera que negociar una Cataluña independiente para que ésta se lleve el 19% de su deuda, la misma proporción que la región contribuye al PIB, entonces sería en gran medida una mejora para la posición macroeconómica de España.  Cataluña no ha crecido históricamente mucho más rápido que otras regiones del país.

Pero si la reasignación de deuda coincide con la cifra de población (16%), o con el gasto nacional actual (11%), la relación deuda-PIB de España podría acercarse a la insostenibilidad. Ahora es un poco menos del 100% del PIB y algunos analistas se preguntan cómo España será capaz de cumplir con sus pagos si los tipos de interés aumentan.

Un escenario aún peor sería si el gobierno nacional se opone activamente a la independencia de Cataluña y ésta la declara unilateralmente, y por lo tanto se niega a llegar a un acuerdo para asumir parte de la deuda española. Si este fuera el caso, el ratio deuda/PIB español se situaría sobre el 125%.

“Sin la región más rica y con una deuda casi insostenible, España tendría un gran problema”, afirma Sala-i-Martin.

Estas cifras explican el argumentario de los partidos catalanes independentistas sobre que a ninguna de las partes le interesaría una resolución no negociada. Si Cataluña se declarara independiente de forma unilateral se situaría fuera de la UE y de la zona euro, y tardaría mucho en volver a entrar a estos organismos. Si ese es el caso, es probable que no asumiera nada de la deuda española, por lo que España tendría que pagar la misma deuda que ahora pero sin un 20% del PIB. Ambas partes se verían claramente perjudicadas, y los inversores internacionales, no tendrían ninguna duda en penalizar tanto los activos españoles, como los de un hipotético estado catalán.

En este punto tiene mucho sentido la máxima en derecho de “es preferible un mal acuerdo que un buen juicio”.




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