“Las compañías eólicas lo están pasando mal, porque parar sus instalaciones cuando está soplando viento les supone un importante perjuicio. Aunque en 2008 las paradas eólicas no fueron cuantiosas, en lo que va de 2009 se ha notado un incremento de incidencias, lo que ha empezado a generar alarma en el sector. El problema no es ahora, sino a medio plazo, a medida que la crisis y la caída de demanda eléctrica no remitan, y que vayan entrando en producción más megavatios”, dice un experto en el sector.
“En la actualidad hay casi 17.000 MW de potencia eólica instalada en España y ya advertimos de serios problemas que se agravarán cuando haya el doble y si la crisis se mantiene. Por eso, el discurso verde que pregona el Gobierno suena vacío de contenido, porque ni se han sentado las bases para que el sector funciones a pleno rendimiento ni la tecnología es eficiente al 100%”, añade.
Críticas al proyecto gubernamental
Hasta seis asociaciones empresariales del sector de las energías renovables han propuesto retirar el artículo 4 del Real Decreto sobre energías renovables, aprobado el pasado mes de abril, al considerar que recoge cuestiones que pueden “dañar” y “paralizar” el sector.
Las críticas fueron suscritas en un comunicado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación de empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), el Cluster de la Energía en Extremadura, la Asociación Eólica de Catalunya (EolicCat) y la Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa (GiWatt).
Concretamente, estas asociaciones criticaron que dicho artículo introduce reformas sustanciales en el Régimen Especial y referencias negativas al sector, como su potencial riesgo para la sostenibilidad del sistema energético.
A su juicio, estas alusiones “dañan el futuro desarrollo del sector de las energías renovables” y contradicen las manifestaciones “políticas y programáticas” de apoyo del Gobierno. Además, indicaron que algunos de los requisitos que establece el Real Decreto son “prácticamente imposibles de cumplir” por parte de los productores, lo que conllevará su “paralización”.
Por otro lado, las asociaciones criticaron la “frecuente modificación de criterios” por parte del Ministerio de Industria respecto a las normas que deben regular el desarrollo de las energías renovables, lo que introduce “debilidad jurídica” e “inseguridad ante cualquier proyecto de inversión”.
Finalmente, consideraron necesario que el Gobierno aborde cualquier cambio regulatorio en el seno de las energías renovables a través del proyecto de Ley de ordenación y desarrollo del sector que prevé presentar en el Parlamento.
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