Criptomonedas: fin del anonimato en la Unión Europea

Redacción - Sabado, 02 de Julio

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Los representantes del Parlamento Europeo y de los veintisiete gobiernos de la Unión Europea han acordado la aplicación de una nueva norma para que las transacciones con criptoactivos estén bajo las mismas regulaciones que las transferencias de fondos convencionales. Es decir, los proveedores de criptoactivos deberán identificar el autor y el beneficiario de la transacción, sea cual sea la cantidad que se transfiera.

Este acuerdo endurece incluso la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apostaba por eximir las transacciones inferiores a 1.000 euros; sin embargo, los legisladores europeos han considerado que esta excepción implicaba demasiado riesgo, pues fácilmente se pueden programar millones de pequeñas transacciones y esquivar así el anonimato. También se especifica la obligación de los gestores de criptoactivos de cumplir con las sanciones fijadas en la Unión Europea, por ejemplo contra Rusia, para que no se conviertan en una vía de escape.

El objetivo principal de esta norma, que es en realidad una actualización de la directiva de Regulación de Transferencias de Fondos (TFR) es luchar contra el blanqueo de capitales. Al conocer los datos y, por tanto, la identidad de los autores de las transacciones, será posible notificar las transacciones sospechosas o incluso aplicar sanciones.

La Unión Europea también se propuso regular el sector de las monedas encriptadas de una manera global a través de una regulación propia (MiCA). Esta es la normativa que fijará normas uniformes del mercado de criptoactivos en toda la UE, pues actualmente no existen estándares comunes. Los legisladores intentan cerrar un acuerdo sobre esta normativa antes de la medianoche de este jueves, cuando termina la presidencia rotatoria francesa de la UE y el objetivo es fijar condiciones de autorización, supervisión y también sanción del sector de las criptomonedas en Europa.

El debate está principalmente en quién debe supervisar el sector, si la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés), como pide el Parlamento, o las autoridades nacionales, por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el caso español por ejemplo. Esta ley prevé, por ejemplo, pedir un libro blanco con un plan de negocio a cualquier entidad que quiera obtener la autorización para emitir criptoactivos. Además, también se busca atajar el impacto medioambiental del sector con la obligación de elaborar un análisis de la actividad que más adelante quedaría sometido a normas.

Con todo, Europa busca poner coto a un sector ahora sin regular. Aunque no será inmediato, ya que está previsto un período de 18 meses para que las normas entren en vigor.

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