Las pensiones en España (aunque no sólo) – 2

Santiago Niño Becerra - Miercoles, 16 de Noviembre

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Bien, llegados a este punto, ¿qué puede hacerse?. Las posibilidades, aunque no lo parezca, son variadas. De entrada, y con carácter general pienso que debería realizarse una auditoría integral en relación a si se está gastando de forma eficiente los ingresos que en España se obtienen por cualquier tipo de figura fiscal o recaudatoria, es decir, si se gasta bien lo que se ingresa, y pienso que debería encomendarse esa tarea a un organismo que en España tiene poder absoluto (otra cosa es que hoy lo utilice): el Tribunal de Cuentas.  Pienso que este análisis podría aportar una muy útil información.

Por el lado operativo, por un lado podría eliminarse el fundamento sobre el que se sostiene nuestro sistema de pensiones que es el vigente en la mayoría de los países que cuentan con un sistema de pensiones: el reparto basado en la solidaridad intergeneracional de tal modo que las generaciones que en un momento dado están activas y ocupadas pagan con sus cotizaciones las pensiones de las generaciones que en ese momento las están percibiendo. Eso podría cambiar y pasar a un sistema de capitalización con una parte fija y otra variable en virtud de lo que cada cual percibiría una pensión en función de lo que ha aportado y en función de la marcha de los mercados y del buen saber hacer del fondo o fondos en los que haya confiado.

Por otro podrían sacarse de la Seguridad Social las pensiones no contributivas -viudedad y orfandad fundamentalmente- (unos 23 mM€) y pasarlas a presupuestos generales y financiarlas con impuestos.

Por otro más, hacer tender el actual sistema, que es de carácter contributivo a uno asistencial aproximando las pensiones a un punto medio teórico independientemente de las bases por las que se haya cotizado.

Por otro más aún, crear un impuesto específico, o un recargo sobre un impuesto ya existente. para 'la financiación de las pensiones' e inyectar lo recaudado en la caja general de la Seguridad Social de tal modo que la financiación pasase a ser mixta: cotizaciones e impuestos.

Finalmente, adecuando las pensiones a los ingresos obtenidos en cada momento, bien tomando para el cálculo de la pensión la totalidad de la vida laboral de una persona, bien recortando un porcentaje cada año a fin de adecuar gastos en pensiones a ingresos por cotizaciones sociales.

La primera posibilidad: transitar a un sistema de capitalización la obviaremos tanto porque en Europa nadie la defiende como porque sería -ya lo es- de entrada rechazada por la mayoría de la población a la que se explicase en detalle lo que ha sucediendo en Chile, país que sí cuenta con un sistema de capitalización: la pensión media ha caído en términos reales considerando un horizonte de largo plazo. Hoy por hoy, un sistema de capitalización tan sólo es contemplable desde una posibilidad de colapso inminente del sistema de pensiones, algo que no es previsible.

La segunda no resuelve el problema, tan sólo lo dilata en el tiempo. Liberada la Seguridad Social en esos 23 mM€ tendría un superávit temporal, pero el problema pasaría a presupuestos generales: España tendría que 'encontrar' un 2,2% de su PIB cada año -y con tendencia al alza- para hacer frente a esas pensiones no contributivas, ello en un entorno en que España ha firmado, junto con sus socios de la UE, unos compromisos presupuestarios con Bruselas: alcanzar un déficit del 0,0% el 31 de Diciembre del 2020. Este mismo razonamiento es aplicable a la siguiente opción apuntada: crear un impuesto dedicado exclusivamente a la financiación de las pensiones, impuesto que se sumaría a la presión fiscal actualmente existente en España que aunque es cierto que es menor que la de gran parte de los países europeos, recae en gran medida sobre los salarios.

El convertir el actual sistema contributivo en uno asistencial no parece que fuese a ser aceptado por la inmensa mayoría de las personas que han estado cotizando con el convencimiento de que percibirían como pensión un importe en línea con lo cotizado, máxime teniendo en cuenta que bastantes de los actuales pensionistas y muchos de quienes ahora se están jubilando han tenido contratos indefinidos a tiempo completo con salarios que durante años han estado indexados a la inflación. Pasar a un sistema asistencial sería una medida que tendría que ser impuesta de forma coercitiva.

La última de las posibilidades, en las condiciones actuales, parece la más lógica, máxime teniendo en cuenta cómo se espera va a evolucionar la demanda de trabajo, los salarios y la automatización de múltiples actividades, con el impacto que todo ello tendrá sobre los ingresos del sistema de pensiones.

@sninobecerra

Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.

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