Reducción de plantillas
Santiago Niño Becerra - Lunes, 11 de FebreroSoy muy consciente de que lo que van a leer a continuación -si deciden continuar leyendo- va a ser polémico, mucho. Pero pienso que el tema debe ser abordado ya porque el tiempo de hacerlo ha llegado.
Quienes de Uds. me siguen con una cierta asiduidad saben que he escrito sobre los empleados públicos en general y sobre los miembros de la función pública en particular. He dicho en numerosas ocasiones que España, sobre población activa, tiene una tasa de empleados públicos que es de las más bajas de Europa: de-las-más-bajas. También recordarán que he dicho que del funcionario público quiere hacerse hoy el chivo expiatorio de una situación de crisis que ése cuerpo no ha creado y en cuya generación no ha tenido el más mínimo protagonismo.
Ninguneado y despreciado cuando ‘España iba bien’: ‘Funcionario, vaya mierda; hay que ser activo y dinámico’; ahora es el blanco de todas las críticas porque cuenta con su puesto de trabajo en propiedad: ‘¡Vaya suerte que tienes, cabrón!; de tu silla no hay quien te eche’. Evidentemente nadie quiere recordar qué pasaba en España cuando las cosas no eran así, tampoco que el funcionariado lleva perdido un 23% de poder adquisitivo desde que su situación empezó a ser ‘racionalizada’.
En cualquier caso supongamos que en España hay que reducir empleados públicos, y tanto en la Administración del Estado como en las regionales y locales; y dejemos a un lado a través de qué fórmula se ha llegado a la conclusión de que hay que reducir su número; o más aún, admitamos que la razón es exclusivamente económica: no es sostenible -no se puede pagar- el número de empleados públicos que actualmente nutren las plantillas de las AAPP; y asumamos que sea verdad, de la buena; es decir, que nos hallemos ante una auténtica emergencia. Lo cierto es que hay que reducir las plantillas de empleados de tales administraciones. ¿Cómo habría que proceder?.
¿Hay que empezar por los contratados hasta que no quede ninguno y luego, si hay que continuar reduciendo, hay que reducir salarios a quienes queden, es decir, a los funcionarios ya que hoy no son despedibles por su propia naturaleza; o habría que modificar la ley de la función pública, reorganizar funciones y procesos y mantener a los contratados o funcionarios en función de su calidad e idoneidad?.
La pregunta anterior es pura polémica, ya. Pero pienso que debería ser abordada ya. Hacerlo ahora supondría hacerlo por las buenas; hacerlo mañana significará hacerlo por las malas.
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.
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