España aplicará nuevo ajuste a la medida de Bruselas

Reuters - Martes, 10 de Julio

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"Tus deseos son órdenes para mí" es una expresión frecuente en España cuando alguien quiere subrayar que está al servicio de otro incondicionalmente. Algo parecido podría decirle España a Bruselas cuando el Gobierno adopte nuevas medidas de ajuste a modo de un calco de lo que le sugiere la curia europea para equilibrar las maltrechas cuentas del país.

La nueva dieta a la que se va a someter la anémica economía española será la concesión del Ejecutivo de Mariano Rajoy a los gestos de sus socios europeos con la ayuda a la banca y la ampliación del plazo para cumplir con los objetivos comunitarios de déficit público.

Todo apunta a que será esta misma semana -previsiblemente el miércoles- cuando el Gobierno español anunciará nuevos ajustes para restringir los gastos y estimular los ingresos mediante un severo paquete fiscal que contemplaría, entre otros elementos, un incremento del IVA, como tantas veces han recomendado la Comisión Europea y otras instituciones.

"Me da la impresión de que el Gobierno va a tratar de asumir lo que le sugiere Bruselas", dijo Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa y presidente de Analistas Financieros Internacionales.

Desde el Ejecutivo español se ha dicho en varias ocasiones que la imposición indirecta constituye un claro yacimiento de ingresos fiscales ya que su nivel tributario está por debajo del existente en otros estados del mismo entorno económico.

"Parece claro que el IVA es un candidato claro para subir", apostilló Nicolás López, director de análisis de M&G valores.

El lunes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dijo que España está en el camino de incrementar los impuestos al consumo, como el IVA, y bajar la imposición al trabajo.

También desde el Ejecutivo se ha plantado la posibilidad de que, a demás de aplicar eventualmente una mayor tasa sobre el tipo máximo del IVA del 18 por ciento, podría recalificar la tributación de este impuesto sobre determinados productos que ahora gozan de una imposición reducida (8 por ciento) o superreducida (4 por ciento).

Pero esta nueva vuelta de tuerca impositiva no encaja bien con el ideario del Banco Central Europeo (BCE) cuyo presidente, Mario Draghi, dijo el lunes que los países con problemas de crecimiento deberían hacer hincapié en la restricción del gasto y no en las subidas de impuestos.

Hay consenso entre analistas en el sentido de que el Gobierno deberá medir con esmero la magnitud de la subida de este impuesto indirecto y los productos a los que se les va a aplicar, ante el clima de fuerte recesión económica que padece el país y que ha noqueado el consumo privado en España.

De hecho, los últimos datos del ministerio de Hacienda revelaron que hasta el mes de mayo la recaudación por IVA había bajado un 10,1 por ciento interanual por la atonía del consumo.

Oras posibles decisiones que podría tomar el Gobierno, tales como reducir el periodo del cobro de la prestación por desempleo, la supresión de una paga extraordinaria a los empleados públicos o la congelación de las pensiones, tendrían una utilidad muy discutible, según Ontiveros.

"No parece que de los parados o de los pensionistas se pueda sacar mucho. Parece que es poner muy bajo el listón", apostilló un analista que pidió la confidencialidad.

Otras medidas que ha planteado Europa y que podría estar considerando el Gobierno español son la aplicación de tasas medioambientales y la eliminación de la desgravación por compra de vivienda.

UN AÑO MÁS PARA CUMPLIR

En medio de este intrincado escenario económico, no muy diferente a la virtuosa práctica del encaje de bolillos, Bruselas ha dado un ligero respiro a España, ampliando el plazo en un año hasta 2014, para reducir su déficit público hasta el 3,0 por ciento del PIB, lo que supone también una relajación del ambicioso objetivo para este año y el próximo.

Sin embargo, dado que a estas alturas del año muy pocos creían que España podría cumplir la meta de reducción del déficit en 2012, la modificación de las metas apenas ha conmovido el ánimo de los inversores.

"No es algo que haya tenido efecto en el mercado porque estaba descontado", dijo un economista de una gran casa financiera y de análisis española.

"La reducción del déficit es una lucha difícil porque supone pelear contra tu propia economía. Cuanto más subes los impuestos más daño haces a tu crecimiento", agregó el economista.

Según el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la decisión de Bruselas en esta materia no supone contrapartidas adicionales para España.

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No pocos analistas creen que los múltiples solapamientos de competencias que se producen en el ámbito de las administraciones públicas es una parte tan sustantiva del gasto desordenado del país como políticamente complejo de abordar.

"Está claro que racionalizar el Estado para que sea lo más eficiente posible y evitar duplicidades es algo que se reclama cada vez más por la sociedad, pero es un tema muy difícil desde la perspectiva política, aunque es vital desde la óptica de la confianza exterior ", dijo Carlos Barrera, director del máster de comunicación política y corporativa de la Universidad de Navarra.

En un sentido parecido, Ontiveros dijo que, en el medio plazo, el proceso de racionalización de las Administraciones Públicas sería la segunda pata en la que debe apoyarse la política del Gobierno desde la óptica de la eficacia económica, además de tranquilizar a Bruselas y a los mercados financieros que ven en las CCAA un elemento de dispersión financiera.

"Me inclino a pensar que una señal positiva a Bruselas puede venir por la reforma de las Administraciones Públicas mediante la generación de ganancia en eficacia", indicó Ontiveros.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó que pediría mayores esfuerzos a los gobiernos regionales pese a reconocer que ya están haciendo un trabajo importante en materia de ajuste presupuestario.

Precisamente este jueves se aborda una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la que el Gobierno central llevará bajo el brazo un mecanismo que permita a las CCAA emitir deuda con el aval del Estado en un momento crucial para la supervivencia de las regiones ante las graves dificultades de financiación que padece el país. (información adicional de Andrés González; editado por Tomás Cobos)

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