Las CCAA son las que generan más inquietud entre los inversores
José Luis Martínez Campuzano - Miercoles, 04 de Mayo
29 de abril de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización del Programa de Estabilidad 2011-2014 y el Programa Nacional de Reformas 2011. Ambos instrumentos serán remitidos a continuación de forma conjunta a las instituciones comunitarias, de acuerdo con el proceso de coordinación de la supervisión presupuestaria, macroeconómica y de las reformas estructurales que establece el Semestre Europeo. El Consejo Europeo emitirá su opinión sobre ambos Programas en junio.
El Programa de Estabilidad mantiene la senda de consolidación presupuestaria que está llevando a cabo el Gobierno español, y que debe reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013 y la extiende al año 2014, para el que se fija un objetivo de déficit del 2,1% del PIB, ya que se reafirma en su objetivo de medio plazo de equilibrio presupuestario.
Tras cumplir con el objetivo del 2010 (9,2% frente al 9,3% previsto), el Gobierno mantiene su previsión de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas de un 6% del PIB en 2011, del 4,4% en 2010, y del 3% en 2013, además del citado 2,1% en 2014. Hay que recordar que el objetivo marcado en 2010 se ha alcanzado mejorando, además, la transparencia de la información presupuestaria a nivel de las comunidades autónomas e incrementando el control del cumplimiento de sus objetivos de déficit.
El déficit primario, saldo que se obtiene al descontar del déficit total la carga de intereses de la deuda, pasará de representar el 3,8% del PIB en 2011 a prácticamente un equilibrio primario en 2013, para volver a recuperar en 2014 un superávit primario de 0,8 puntos de PIB. La recuperación de superávits primarios junto a los mayores crecimientos nominales previstos de la economía permitirán que la deuda pública comience a reducirse en 2014, asegurando su sostenibilidad. En cualquier caso, la ratio de deuda pública sobre PIB se mantendrá durante todo el período por debajo del 70%, significativamente inferior al nivel actual del promedio de la zona euro (85,1% en 2010).
Las medidas adoptadas en los Presupuestos para 2010 y las posteriores de mayo de ese mismo año, que han permitido cumplir los objetivos parciales de consolidación fiscal, evidencian que los ajustes por el lado del gasto, la retirada de las medidas transitorias y los cambios impositivos han sido eficaces y sientan la base para lograr el objetivo más inmediato de 2011 y de los años siguientes. Muchas de las medidas adoptadas entonces seguirán teniendo efectos en los años siguientes y a ellas se sumarán las adicionales ya adoptadas en los Presupuestos para 2011.
El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013, que es una de las piezas clave de esta estrategia de consolidación fiscal junto con los acuerdos con comunidades autónomas y corporaciones locales, evidencia el más firme compromiso con los objetivos fiscales. Dicho Plan establece de forma clara que estos objetivos son robustos tanto en lo que se refiere al escenario macroeconómico como a la posible adopción de compromisos extraordinarios ya que: 1) se adoptarán medidas adicionales extraordinarias en el caso de se observen desviaciones por el lado de los ingresos o de los gastos; 2) cualquier nueva actuación por el lado del gasto se ha de supeditar al objetivo de reducción del déficit, lo que requiere compensaciones en otras iniciativas; y 3) los aumentos en la recaudación por encima de las previsiones se destinarán a reducir el déficit, sin que puedan ser aplicados a aumentos de gasto.
Lo anterior es la transcripción exacta de la Nota enviada a los medios el viernes pasado de la Revisión del Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años. El escenario macro sufre escasas revisiones, con crecimiento previsto del 1.3 % este año (¿se verá afectado por los datos económicos conocidos el mismo viernes? debería) y del 2.3 %/2.6 % en los próximos tres ejercicios. Veremos.
Pero más interés es el desglose del esfuerzo fiscal de ajuste entre las diferentes AAPP. Así, el mayor ajuste a corto plazo correspondería al Estado cuyo déficit deberá reducirse desde el 5 % estimado en 2010 hasta el 2.3 % este año, 3.2 % en 2012 (se saldará el ajuste aplazado en las cuentas bilaterales con las CCAA), 2.1% en 2013 y 1.5 % en 2014. Precisamente las CCAA tendrían un año más para ajustar, con el déficit previsto del 3.3 % este año frente al 3.4 % reportado en 2010, pero hasta un descenso del 1.3 % el próximo año, 1.1 % en 2013 y el 1.0 % en 2014. En el caso de las Corporaciones locales, el déficit aumentaría hasta un 0.8 % este año (0.6 % en 2010), 0.3 % en 2012, 0.2 % en 2013 y nulo en 2014. Y se parte de una aportación positiva estable de 0.4 % del PIB desde la Seguridad Social desde este año (déficit de 0.2 % en 2010).
El camino se hace andando. Y es evidente que el Gobierno está poniendo las condiciones, de su parte, para que las cifras anteriores se cumplan. Precisamente el miércoles se reunía el Consejo de Política Financiera y Fiscal para compartir objetivos de las CCAA y el jueves con la Ministra de Economía se reunía con la Federación de Municipios. En frente, la creciente incertidumbre sobre el escenario macro (queda claro que el Gobierno se compromete a adoptar nuevas medidas fiscales de ajuste si fuera preciso) y sobre la disposición (posibilidad también) de las CCAA para cumplir sus propios planes de ajuste. Que se ha mejorado en la transparencia, es algo evidente. Y el Gobierno ha sido claro y contundente (vean el rechazo de hasta a seis autonomías para financiarse) sobre la necesidad de cumplir el ajuste fiscal. Ahora este Proyecto más el cuadro de reformas pendientes se mandará a Bruselas para que sea analizado. ¿Hay ejemplos más contundentes de transparencia? Sí, cumplir lo prometido. No hace falta que les diga el coste de defraudar al mercado en términos de desconfianza y falta de credibilidad. Desandar el camino ya recorrido.
Sin duda, en estos momentos son las CCAA las que generan más inquietud entre los inversores. Ya en 2010 no cumplieron por tres decimales el objetivo marcado en un 3.1 % del PIB. ¿Para inquietarse? Realmente no, desde un punto de vista cuantitativo. Pero, sí en términos psicológicos. ¿Descontrol del gasto público? Estamos hablando de que el gasto de las CCAA es ya el 40 % del gasto total. Y su deuda supone el 11 % de la deuda pública. Así como a nivel estatal existe la Ley de Estabilidad que obliga a ajustar el déficit en términos del ciclo económico, en el caso de las comunidades hasta hace poco no había información en tiempo y calidad de sus estadísticas. Como decía antes, esta mejorando. Pero no lo suficiente como para no surjan suspicacias del cumplimiento del ajuste fiscal en 2012, tras el ajuste de las cuentas del Estado este año. Pero, ¿hasta qué punto el Estado no tiene obligación sobre los potenciales desajustes en las finanzas regionales? Más allá del riesgo sistémico, lo relevante es convencer con información de que hablamos de algunas entidades con problemas. Y en segundo lugar, encontrar un acuerdo político que retorne la confianza del mercado sobre la solidez del prometido ajuste fiscal a medio plazo.
Algunos economistas echan en falta una mayor corresponsabilidad fiscal entre ingresos y gastos en el caso de las CCAA. Algunas comunidades demandan de forma clara la posibilidad de recaudar directamente impuestos. En estos momentos los impuestos, para el conjunto del Sistema, suponen algo menos del 55 % de los ingresos. El resto proviene del Fondo de Suficiencia y del Fondo de compensación, ambos desde el Estado, que les permite compensar según los casos la evolución relativa de la renta regional con respecto a la nacional. ¿Se solucionaría el Problema actual? Lo desconozco. Pero creo que lo más relevante ahora es marcar una clara disciplina fiscal. Podemos sacar muchas enseñanzas de la Crisis financiera, de la situación de las cajas de ahorros, ante la disyuntiva de ser transparentes y estrictos en el camino marcado para eliminar suspicacias.
José Luis Martínez Campuzano es Estratega de Citi en España
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